El Colectivo Sergio Gámez irónicamente celebra lo que ellos denominan su "maná" gubernamental, expresando gratitud al Gobierno de España por la indemnización que quieren aprobar. En un comunicado lleno de sarcasmo, agradecen a diversas entidades y personalidades, mientras critican el sistema legal y abogan por una reevaluación de los derechos fundamentales en España. En un tono mordaz, instan a otras víctimas a permanecer en silencio para no perjudicar sus propios intereses.
Comunicado del colectivo del caso Bollycao
Sergio Gámez y el colectivo que le acompaña quieren agradecer al Gobierno de España la indemnización aprobada y aseguran que harán un magnífico uso de ella.
Queremos extender esta gratitud al diario El País, al Grupo Prisa en su conjunto, al continuo silencio cómplice de la Cadena COPE, a Juan José Omella, al socialista y exreligioso Ángel Gabilondo —también conocido como Defensor del Pueblo—, al equipo de comunicación de la CONFER, a los partidos miembros de la Democracia Cristiana, especialmente a los herederos de CIU, al PNV y al PP; al despacho Cremades Calvo-Sotelo y al valedor de este último, el señor Fernando Giménez Barriocanal. Sin la concurrencia de todos ellos, jamás hubiera sido posible recibir este apoyo.
Felicitamos al Gobierno de España por no dejarse intimidar por el argumentario obsoleto reflejado tanto en la Carta Europea de Derechos Humanos como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de todas las garantías procesales y los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución Española.
La Presunción de Inocencia, el Principio de Legalidad, la Separación de Poderes, la Tutela Judicial Efectiva, el Principio de Tipicidad, la Igualdad ante la Ley, la Irretroactividad de las Normas Penales, la No Discriminación por Razón de Credo, entre otros Derechos Fundamentales, representan una amalgama de prejuicios que están muy sobrevalorados y ya era hora de reevaluarlos en España. ¡Muerte al principio nulla poena sine iudicio! (Ninguna pena sin juicio)
Recomendamos encargar preventivamente informes a juristas afines y comprometidos con la ideología que acompaña al Ejecutivo, que pudieran mitigar los ataques técnico-legales que, sin duda, surgirán desde diversos sectores del ámbito jurídico.
Exigimos al casi 99% restante de las víctimas que se quedan fuera de esta iniciativa gubernamental que permanezcan en silencio para no perjudicar nuestros intereses, al menos hasta que hayamos cobrado lo que acusamos a miembros, vivos o muertos, de la Iglesia Católica.
Escribir un comentario